¿Le vendes al Estado? Conoce el nuevo rayado de cancha de ChileCompra

Con el fin de generar un terreno más fértil para la participación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en las adquisiciones que hace el Estado, así como elevar los estándares de probidad y transparencia y fomentar más inversión en innovación, el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó este martes la Ley que busca modernizar el Sistema de Compras Públicas.

En este marco, en el que participaron las subsecretarias de Hacienda, Heidi Berner, y de Economía, Javiera Petersen, el mandatario destacó la necesidad de combatir la corrupción, que -dijo- “es una de las principales preocupaciones de los chilenos”.

Sobre este punto, profundizó: “Casos como los municipios de Algarrobo, de la exalcaldesa de Maipú o lo sucedido en caso convenios, generan desconfianza de la ciudadanía de lo que se hace con recursos públicos y lo que decimos es que se deben utilizar en el bienestar de la gente y no en el aprovechamiento de unos pocos”.

De ahí destacó que la modificación al marco institucional de sistema conocido como ChileCompra, la primera de carácter estructural en dos décadas, aseguró que cuidan los recursos de todos los chilenos, pues se limitan compras por trato directo y reconoce la función de monitoreo de la entidad.

Un tema no menor, ya que las compras públicas representan del orden del 4,4% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, más de US$ 14 mil millones.

Ejes de la nueva institucionalidad

La Ley incorpora un nuevo capítulo de probidad y transparencia para fortalecer la regulación de causales de trato directo y se establece un período de congelamiento de 10 días hábiles entre la adjudicación y la firma de contratos sobre 5.000 UTM, unos $ 320 millones.

En paralelo, los funcionarios que participen en procesos de compra y los funcionarios de ChileCompra (Dirección de Compras y Contratación Pública) deberán suscribir declaraciones de interés y de patrimonio; y se establece el deber de registrar una nómina con el personal que participe del procedimiento de contratación.

La institución suma facultades, como la de proponer políticas públicas al Ministerio de Hacienda en materia de compras públicas y hacer denuncias a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica. A esto se une que se le reconoce legalmente la función de monitoreo de compras, especialmente de tratos directos.

Para asegurar el eficiente uso de los recursos públicos, se establecen nuevos procedimientos de compra.

Algunos de ellos son los siguientes:

- Exclusividad de la Compra Ágil: se establece que toda adquisición de bienes o servicios por el Estado que tenga un valor igual o inferior a 100 UTM ($ 6,4 millones) deberá ser realizada mediante compra ágil y provista por una mipyme o cooperativas, excepto cuando ninguna empresa de menor tamaño haya presentado una oferta.

- Subasta inversa electrónica: procedimiento competitivo en etapas para adquirir productos estandarizados, mediante una plataforma administrada por ChileCompra.

- Se establecen modificaciones a los convenios marco (CM), que es un procedimiento especial que tiene como objetivo adquirir servicios estandarizados, con demanda regular y transversal. Este es obligatorio para las municipalidades. Estos se usan para compras mayores a 100 UTM.

- Se fortalecen los planes de compra: las adquisiciones no contempladas en el plan de compra deberán estar justificadas.

La unión hace la fuerza

Entre las medidas para promover el rol de las MiPymes, destaca que ChileCompra establecerá una tarificación diferenciada para su ingreso al Registro de Proveedores.

En paralelo, ChileCompra firmará convenios con organismos regionales para promocionar el acceso de MiPymes a los procedimientos de compra pública y se introduce la definición de proveedor local.

En licitaciones de menos de 500 UTM, los organismos con presencia regional podrán establecer criterios de evaluación que den preferencia a los proveedores locales; y se consagra la figura de “Unión Temporal de Proveedores” (UTP) para promover la asociatividad y permitir que las empresas de menor tamaño compitan en mejores condiciones frente a grandes empresas.

Además, se evitará la solicitud de antecedentes que el Estado ya tenga en su poder; se limitará la exigencia de garantías; y la plataforma de gestión contractual facilitará el monitoreo de pagos.

“Estas medidas permitirán a las Mipymes y cooperativas aumentar sus ventas al Estado en alrededor de US$ 300 millones al año”, señala una minuta del Gobierno.

Adicionalmente, la nueva Ley crea los contratos para la innovación, procedimiento competitivo para adquirir productos no estándar, es decir, que no están disponibles en el mercado.

El Presidente Boric aseguró que estos cambios se complementarán con la presentación en los próximos días de la estrategia nacional de integridad pública, basada en informe de la comisión Jaraquemada, para luchar contra la corrupción.